
La falta de organización de los productores, el escaso acceso al financiamiento rural, los pocos canales e infraestructura para la comercialización de cosechas, así como la insuficiencia de paquetes tecnológicos apropiados, el alto costo de producción y el bajo precio del producto, han ocasionado graves problemas de repercusión social, como la pobreza extrema de miles de campesinos, la migración, el abandono del campo y la desnutrición, entre otros
El responsable de la política agropecuaria de la entidad enfatizó que el gobierno federal ha actuado con disimulo ante el Tratado de Libre Comercio, ya que existe una cláusula de protección a los productores para que no exista desventaja a la hora de competir, y a pesar de que el rezago continúa no hay ninguna intención de renegociarlo a pesar de los riesgos que conlleva. De no tomarse una medida de emergencia, la entrada de granos de los países del norte afectará con mayor medida a los productores de maíz y de leche y en menor medida a los de caña y frijol, sentenció.
Desde marzo de este año, el gobierno federal implementó el Promaf dentro de las acciones para mejorar la competitividad en maíz y frijol, destinando a Michoacán 122.4 millones de pesos, con la meta de brindar el apoyo mínimo a 50 mil hectáreas en zonas de alto potencial productivo.
Los recursos para el campo son limitados, el gobierno del estado aportó anualmente, en promedio, durante estos seis años, 200 millones de pesos, mientras que la federación a través de Procampo y Alianza para el Campo, mil 200 millones; sumando además otros 600 millones de pesos a través de otras dependencias gubernamentales
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